El Gobierno nacional dispuso la expulsión de Ricardo Echegaray de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), luego de que quedara firme la condena de cuatro años y ocho meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La medida se produjo tras la ratificación judicial de la sentencia en la causa vinculada a la empresa Oil Combustibles.

Echegaray, quien estuvo al frente de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) durante los gobiernos kirchneristas, fue hallado responsable de haber otorgado de manera irregular planes de facilidades de pago a Oil Combustibles, firma vinculada a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa. Según la Justicia, esas decisiones permitieron que la compañía acumulara una millonaria deuda por el impuesto a los combustibles, generando un perjuicio económico para el Estado nacional.

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos presentados por la defensa del exfuncionario y confirmó la pena impuesta por el Tribunal Oral Federal, dejando a Echegaray más cerca de una eventual ejecución efectiva de la condena. Aunque todavía puede intentar recurrir ante la Corte Suprema, el fallo consolidó la responsabilidad penal del exjefe del organismo recaudador.

Desde el Gobierno señalaron que la expulsión de Echegaray de ARCA se enmarca en las normas que impiden la permanencia en la administración pública de funcionarios condenados por delitos contra la administración estatal. La decisión busca reforzar los criterios de transparencia y control dentro del organismo encargado de la recaudación tributaria y aduanera del país.

La causa Oil Combustibles se convirtió en uno de los expedientes judiciales más relevantes vinculados a la gestión tributaria de los últimos años y volvió a colocar en el centro de la escena el debate sobre las responsabilidades de los funcionarios públicos en la administración de recursos del Estado.