Las transferencias no automáticas que realiza el Estado nacional hacia las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) cayeron 32,3 % en términos reales en noviembre de 2025 respecto al mismo mes del año anterior, en lo que representa el cuarto descenso consecutivo y profundiza un foco de tensión entre el Gobierno y los gobernadores.

Según datos de la consultora Politikón Chaco, los envíos totalizaron $155.849 millones, siendo noviembre de 2025 el mes con menores giros reales desde, al menos, 2005. La disminución general estuvo fuertemente condicionada por el desplome en la transferencia a CABA, que registró una baja real de 64,2 % interanual tras un recorte en el cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema, disparando reuniones entre el gobierno de esa ciudad y el nacional para dirimir el conflicto.

La distribución de los fondos mostró además una fuerte concentración: CABA y la provincia de Buenos Aires recibieron casi la mitad (49,3 %) del total en noviembre, mientras que distritos como Río Negro y La Rioja quedaron en los extremos con apenas 0,2 % de los recursos cada uno. No obstante, varias provincias anotaron alzas reales debido a bases de comparación bajas del año anterior o ingresos extraordinarios por convenios con la ANSES.

El derrumbe en las transferencias se produce en un contexto de ajuste fiscal profundo y recortes en el gasto público nacional que, según distintos informes, ha afectado no solo los giros hacia los distritos sino también la inversión pública y otros rubros clave del presupuesto estatal.

Qué son las transferencias no automáticas y por qué importan:
Estas partidas son recursos que el Estado nacional destina a las provincias más allá de las fórmulas de coparticipación automática y suelen incluir aportes puntuales para obras, servicios y políticas específicas. Su contracción limita el margen de acción de los gobiernos subnacionales para atender servicios públicos, infraestructura y otros programas, y es un punto sensible en la relación financiera federativa.

Repercusiones políticas:
La fuerte caída de estos recursos alimenta la tensión con gobernadores de distintos signos políticos, que han denunciado que la política fiscal del Ejecutivo central deja a los estados provinciales con menos herramientas financieras justo cuando enfrentan demandas crecientes en educación, salud y seguridad.